Un triste adiós al amigo Amos Lugo Vega, hasta luego, descanse en paz.
Con “bombo y platillo” han anunciado los diputados de la LXIII Legislatura las reformas a la Ley de Obras Públicas y la Ley de Agua Potable del Estado de Sinaloa, presumiendo las nuevas atribuciones a los organismos ciudadanos y las medidas para fortalecer la transparencia.
La verdad es que se tardaron dos años para tomar estos acuerdos y amarrar de una vez las manos al gobierno de Quirino Ordaz, que llegó el 1 de enero del 2017 quitando todos los mecanismos legales que le impusieran vigilancia, control de calidad, honradez y distribución de responsabilidades.
Quirino Ordaz, como ningún otro gobernador sabía a qué venía: a administrar, aplicar el presupuesto y ejecutar la obra pública a voluntad y capricho personal, dotándose con ello de un poder muy superior al que intrínsecamente se le proporcionaba a la figura del gobernador.
Quizá por muchas razones llegó a gobernador con debilidades, por lo que muy rápido se fortaleció con aquella LXII Legislatura de un año y diez meses, con mayoría del PRI, y que para empezar antes de tomar posesión destituyó al Auditor Superior del Estado, Antonio Vega Gaxiola, punto de partida para conocer lo que pretendía.
MORENA llegó el 1 de octubre del 2018 y no comprendió nunca este fenómeno a pesar de múltiples voces sociales que se lo expresaron, empezando por las cámaras de constructores CMIC y AMIC, envolviéndolos y envolviéndose también en reyertas insustanciales al seno del Congreso, precisamente por la incapacidad de visualizar lo que estaba construyendo el mandatario como su plataforma de gobierno.
La nueva legislatura, con su nueva mayoría, fue arrollada por el torbellino en el que los metió el gobernador y su propia incapacidad, tardando casi dos años, pese a que los constructores se lo decían todos los días, para reparar el entuerto que quién sabe si puedan todavía enderezar las bases mínimas de la división de poderes.
Han dado dos pasos importantes rescatando la Ley de Obra Pública y la de Agua Potable, pero ¿Podrán rescatar la Auditoría Superior del Estado? Porque ese es el otro paso que les falta para llegar a solucionar la situación del marco legal que MALOVA le dejó a Quirino Ordaz, por lo que cabe preguntarse ¿Y qué más?
Pues le queda la contrarreforma electoral también del gobernador del 2017. Les falta revisar el presupuesto caprichoso y ladino, prácticamente de usufructo personal, revisando la Ley de presupuesto e incluso hacer una ley de planeación para terminar con la absoluta simulación al respecto.
Como también se necesita revisar el sistema de justicia penal acusatorio ¿Dónde quedó el sistema de Defensoría de Oficio? ¿Y el sistema de protección a las víctimas del delito? Así como el sistema penal, hecho pedazos en todo Sinaloa.
A los diputados locales quizá ya se les acabó el tiempo por la lentitud que han mostrado, pero si quieren, aún pueden ajustar cuentas con todos los presidentes municipales y entes públicos que deben rendir cuentas y hacer que brote lo que tenga que brotar, aunque sea tantito, como los casos del sexenio pasado.
