Culiacán, Sinaloa.- El gobernador Rubén Rocha Moya, sostuvo que el encargado de rectoría, Candelario Ortiz Bueno, no puede promover un paro general de labores, ni nada a nombre de la Universidad, ya que no representa a la Universidad legalmente.
Desde su Semanera afirmó que el pronunciamiento a paro indefinido de labores tanto académicas como administrativas es ilegal, pues el estado debe calificarse a través de los Tribunales Laborales.
E hizo un llamado a la comunidad Universitaria y a los padres de familia a no hacer caso a ese paro al que fueron convocados. “No hagan caso a un fulano de un paro… al que lo acaban de nombran”, destacó el mandatario.
Rocha Moya instó a los estudiantes a asumir la nueva Ley Orgánica universitaria, promulgada el pasado 2 de octubre, en la que los estudiantes, maestros y trabajadores elegirán libremente a sus autoridades, para que la Universidad funcione con un verdadero respeto y cuidado de la autonomía, con calidad y sin corrupción.
“Los padres de familia, la sociedad sinaloense, los alumnos, deben de tener claro que no puede ser, no puede caminar así la Universidad, tenemos que cuidarla. La universidad debe ser un espacio de reflexión, de libertades, de ejercicio democrático, de pluralidad, de respeto a la diversidad, de respeto a las paridades, etcétera”, destacó.
Rocha Moya afirmó que no debe estar dirigiendo la Universidad nadie que afecte la moral y la tranquilidad de una institución.
“No debe haber gente bajo sospecha moral, no debe tener cabida el crimen organizado, no debe tener cabida en la universidad, como tampoco debe tener cabida para dirigirse el clero o los grupos de poder económico, ni los partidos políticos, ni el gobierno”, subrayó.
Durante su conferencia Semanera el mandatario se refirió a las carpetas de investigación de presunta corrupción por las irregularidades en la adquisición de alimentos sin licitación y a sobre precio, contratación irregular de obras y servicios, equipos de cómputo y oficina, uniformes, por un monto de más de 410 millones de pesos, que atentan contra el patrimonio y la autonomía universitaria.
