Culiacán, Sinaloa.- El órgano garante de transparencia de Sinaloa, es uno de los más rezagados en el país en materia presupuestal, de acuerdo con un estudio realizado por la misma Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP).
A nivel nacional, por ejemplo, Sinaloa ocupa el lugar número 19 en cuanto a presupuesto per cápita para órganos garantes, por debajo incluso del promedio nacional.
Lo anterior lo expuso el presidente de la Comisión, José Alfredo Beltrán Estrada en una reunión con diputados de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, que preside la legisladora María Victoria Sánchez Peña.
De acuerdo al estudio, desde 2011, el presupuesto del órgano garante se mantiene estancado. Y se le agrega que no solo no se tuvo un incremento, sino una disminución real pues el presupuesto, porque no se ha actualizado al índice inflacionario por varios años.
Añadió que esto, a pesar de la reforma constitucional en transparencia, del año 2016, que introdujo nuevas obligaciones para los órganos garantes del país, que incluye Sinaloa.
Entre otras se encuentran la verificación constante de las obligaciones de transparencia de 242 entidades públicas (anteriormente eran 155) y las obligaciones que trajo consigo desde el 2017 la aprobación de Ley de Protección de Datos Personales en poder de Entidades Públicas.
Por un comunicado de la CEAIP, se dijo que asimismo, de una tendencia al alza de solicitudes de información, que alcanzan las cerca de 18 mil en 2019 y un aumento exponencial de recursos de revisión, el cual a este día rebasa la cifra de mil inconformidades de los solicitantes.
Como muestra de este crecimiento al 2019, se tiene que en el año 2015 el total de solicitudes de información pública fue de 7 mil 703 y de 263 recursos de revisión.
Rebasada.
El lado creciente del tema de la transparencia en Sinaloa es un logro ciudadano, sin embargo, de acuerdo al órgano, se ha rebasado por mucho las capacidades institucionales de CEAIP, de ahí la petición que se realizó hoy a la 63 Legislatura para un incremento presupuestal, basado en los principios de racionalidad, eficacia y eficiencia en el uso de recursos públicos.
El documento ha sido entregado a las y los diputados de la 63 Legislatura, en el marco del análisis, discusión y aprobación de la Ley de Ingresos y presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2020.
