Culiacán, Sinaloa.- Derivado del incumplimiento de la sentencia para pagarle los salarios caídos de poco más de dos años, la ahora magistrada de Tribunal de Justicia Administrativo, Lucila Ayala de Moreschi, ha promovido una solicitud de desacato contra el Secretario de Finanzas, Carlos Gerardo Ortega Carricarte.
La quejosa y hoy funcionaria afirmó que este procedimiento se traduce en una solicitud para que se le inicie un procedimiento de juicio de procedencia ante el Congreso contra el funcionario, para después consignar el caso ante el Ministerio Público por el delito de descato.
“Hemos pedido que se declare el desacato del Poder Ejecutivo que no ha cumplido con el fallo protector, porque se ha llevado con promociones bizantinas, sin sustento jurídico y argumentos que considero vacíos, y que presumo, es con el propósito de no cumplir con el fallo”, dijo.
Mostró la solicitud recibida y sellada con fecha de 25 de junio metida al juez primero de Distrito en Culiacán que interpuso como primera interesada.
Ayala de Moreschi afirmó que la razón por la cual se tuvo que meter el oficio, es porque el Poder Ejecutivo “ha sido omiso” en los tiempos que marcó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, desde la semana de pascua, cuando se le notificó.
Expuso que ya se ha reunido personalmente con el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de General de Gobierno, Jesús Ramón Soto González, y el procurador fiscal, Rafael Rodríguez López, quienes han estado de acuerdo con la suma a cubrirle como parte de sus derechos afectados.
Aunque la magistrada se negó a revelar la cantidad de recursos que se le debe, por los cálculos hechos por ReflectoresMX en base al sueldo de los magistrados, estos son aproximadamente dos millones de pesos.
Argumentó un tema de seguridad para no dar a conocer por la cantidad que está luchando, y que representa lo dejado de ganar durante dos años y una quincena (16 de abril 2017-30 de abril 2019).
Fue cuestionada del porqué no pagar con recurso propio del Tribunal, a lo que respondió que no fue este órgano autónomo el que le violentó sus derechos, sino el mismo gobernador Quirino Ordaz Coppel.
