Navolato es un pueblo mágico. No precisamente por haber sido así nombrado por alguna instancia internacional o nacional. Es mágico porque ha sobrevivido a tantos acontecimientos que se han convertido en serias puñaladas.
Es un pueblo cañero de origen, pero sin caña. Se suman varios elementos. Las actividades económicas de carácter primario como la agricultura, la pesca y la ganadería ya no son lo suficientemente rentables. La empresa estatal, FIBRASIN, en mi pueblo llamada, quebrasin, fue toda una simulación y fraude, el ingenio la primavera finalmente cerró con mil dudas sobre el tema.
El sindicato azucarero aún está pendiente de rendirle cuentas claras sobre los bienes que pertenecieron a sus agremiados. Luego nos llegó la tormenta Manuel, también una helada. Antes tuvimos administraciones municipales identificadas con opacidad, corrupción e ineficiencia en los servicios públicos.
Algo huele muy mal y la autoridad tiene que imponerse. Me refiero al fraccionamiento Chulavista ubicado a la entrada de Navolato. Imagínese usted amigo lector, quién, cómo, por qué, y para qué intereses se autorizó construir dicho fraccionamiento sobre una parcela ejidal.
Es todo un esquema de corrupción y de encubrimiento. Ahí habitan más de 600 familias, la mayoría de ellas viven en incertidumbre, pues según los pocos datos que se tienen, hay alrededor de 200 órdenes de desalojo, quizás más, pero por lo que yo conozco, muchos ciudadanos dejaron de pagar a la empresa constructora y primer contratante del crédito hipotecario porque muchas de las viviendas construidas empezaron a mostrar deficiencias graves en su infraestructura, no obstante ello, las empresas fueron cambiando de nombre y de dueño, de tal manera que la mayoría de los créditos terminaron pasando a despachos de abogados especializados en juicios mercantiles, que en muchos casos han abusado de la situación de deuda en que incurrieron, con justa razón, la mayoría de los contratantes.
Razones hay muchas de explicar, por qué hemos llegado a esta situación. Una primera, es cuestión de fondo, es decir, ¿Cuándo tendrán los colonos la certidumbre jurídica de su inmueble urbano si este está en una parcela ejidal? Y se suman otras más, por ejemplo ¿Qué persona, o grupo de personas, deberán salir a explicar este fraude? ¿Qué les dirán a aquellos que adquirieron vivienda por traspaso y que no entendieron la dimensión de los créditos hipotecarios, cuando la persona que les cedió dejó un adeudo pendiente?
Una respuesta muy sencilla la tienen los despachos de cobranza. La única manera de salvar el problema es que paguen la totalidad del crédito hipotecario. Ello equivale a al menos $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 m.n.) cuando según los que saben dichos inmuebles no valen más de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 m.n.).
El problema, como dice mi estimado amigo, José Luis López Duarte, es que hay varios problemas, pero lo menos que debemos de dejar de hacer es dejar solas a las 600 familias que habitan dicho fraccionamiento y buscar resolver en definitiva tal fenómeno.
Ahí debe de aparecer la autoridad. El poder público tiene que entrar a resolver este problemón. La contraparte del problema es que noto muy poca preocupación por los propios afectados. Se vendrá una ola de desalojos y espero, como hace mucho tiempo sucedió, que se organicen y logren la intermediación de gobierno del Estado, y en primer término para suspender los desalojos y en segundo término lograr una negociación justa con la empresa titular de los créditos hipotecarios. No se trataría de una invitación para que los deudores dejen de pagar los créditos, sino para que los pagos sean justos y acordes al valor de los inmuebles.
Mi pueblo necesita líderes sociales, que no olviden que se tiene que respaldar a la comunidad ante tantas injusticias.
¿Quién se animará?
