Hace unos días tuve la oportunidad de acudir a Mazatlán acompañado de Oscar Loza Ochoa. A esa hermosa ciudad fuimos convocados para presenciar dos expresiones, una de molestia y otra de dolor. Tuvimos dos acercamientos con el sub-fiscal Zona Sur, Cruz Alejandro Flores Salazar.
En la primera fuimos testigos de la exigencia de justicia por el asesinato de un joven de 15 años, quién por el sólo hecho de haber estado en un lugar y hora en que no esperaba su trágica muerte fue víctima de homicidio de una o varias personas que iban en búsqueda de su padre, un distinguido abogado, defensor de causas sociales de esa región, esperamos que en este caso, como el del joven futbolista Mirsha se esclarezcan pronto los hechos.
En el segundo acompañamiento, nuestra postura fue de solidaridad con la comunicadora Janeth Bañuelos quién en ese mismo momento presentó denuncia contra el director de comunicación social del H. Ayuntamiento de Mazatlán, expresando hechos que nos parecen muy lamentables y en consecuencia ameritan la petición al sub-fiscal zona sur que se atienda el caso con la debida diligencia e imparcialidad y que, de acreditarse responsabilidad en los hechos, no se permita impunidad.
Ese mismo día recibimos un documento que contiene la relatoría que presenta el colectivo de periodistas por la paz y la libertad de expresión mediante el cual se denuncian 14 agresiones a compañeros comunicadores de la zona sur de Sinaloa, encabezando dichos hechos de agresión los presidentes municipales de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres y Emett Soto, de Escuinapa. Los hechos van desde denostaciones públicas, amenazas, intimidación, intento de control a través de la publicidad, entre otros.
A los hechos antes narrados se suman las conocidas conductas inapropiadas contra comunicadores y la libertad de expresión por parte de los presidentes municipales de Culiacán y Ahome.
Al menos, en teoría la libertad de pensamiento, de expresión y de acceso a la información pública están garantizados en nuestra Constitución en los artículos sexto y séptimo, pero este tipo de señalamientos de conductas condenables, nos muestran otra realidad, pues obviamente se pone en riesgo la integridad física y moral de los comunicadores y se coarta el libre ejercicio de la libertad de expresión.
Ello ha tenido como consecuencia un temor generalizado de parte de los comunicadores, pues los antecedentes graves que tenemos en otros casos en el que incluso han perdido la vida varios personajes de este gremio es bastante entendible.
Ahora bien, cuando en una sociedad como la nuestra, con autoridades con actitudes retrogradas y con signos de intolerancia, el peligro es latente, pero además la sociedad sale perdiendo porque estaríamos permitiendo la autocensura por parte de los comunicadores, que lo hacen en forma de protección y al limitarse la libertad de expresión por temor a que algo suceda, tampoco se logra llegar en forma plena a otro derecho humano, incluso de carácter colectivo que significa, para los ciudadanos nuestro acceso a la información pública que se genera en un estado donde debe reinar la libertad de expresión.
Y Sinaloa aún, sin una ley de protección a comunicadores y como dicen muchos de ellos, no se trata de darles un trato privilegiado, porque igual debe de darse el mismo tratamiento a cualquier persona que sufra una ofensa, lesión o incluso privación de la vida, no obstante, ello, en el presente caso se trata de garantizar la libertad de expresión. Ese es el punto.
No permitamos más impunidad y exijamos justicia.
