Sin duda, apoyar y fortalecer los programas sociales del gobierno federal para los más desposeídos, siempre ha sido anhelo de todos los gobiernos sinaloenses, pero en el de Rubén Rocha se ha destacado la intención, la acción y los resultados en ello, representando su labor más emblemática, pero ninguno de ellos, por representar más gasto para el consumo que para la inversión productiva, siempre estarán en la cuerda floja, no por falta de voluntad sino porque el soporte estratégico de un desarrollo social sustentable, radica en la expansión, crecimiento y desarrollo de la economía, que implica innovación, creatividad, inversión y mantener de manera constante las ventajas competitivas en los mercados, no se ha reflejado en los proyectos estratégicos capaces de desarrollar esas potencialidades.
Sí, está bien apoyar a los pobres y a los más débiles, pero lo primordial para darle sustentabilidad a esa lucha contra la pobreza consiste en desarrollar políticas públicas y programas de gobierno que representan mecanismos redistributivos de la riqueza, y por ello el gobierno de Sinaloa debe ser un gran promotor y apoyo de esa riqueza.
Es correcto atraer recursos federales para programas sociales en Sinaloa y sería muy bueno incluso promover una redistribución fiscal en el país, para recuperar más recursos que le corresponden a Sinaloa, mientras todos esos beneficios sociales pueden crecer con proyectos específicos para mejorar el bienestar de todos los sinaloenses.
Por ejemplo, tenemos el grave problema de la basura en Sinaloa, que produce ya casi 2 mil toneladas diarias y se le sigue tratando en los últimos treinta años como rellenos sanitarios en el mejor de los casos, pero existen miles mediante la quema, ambos mecanismos extraordinariamente nocivos para seguir contaminando la atmósfera y el subsuelo, con la inherente carga de gases de carbono de efecto invernadero y contaminación de los mantos freáticos corrientes subterráneas, todo ello cuando ya en muchas partes del mundo, incluso más de 50 ciudades en México, ya tienen fábricas para recoger, tratar e industrializar la basura, lo que produciría otras industrias como la producción de metales, papel, gas, fertilizantes, electricidad, plásticos y cristal.
En Sinaloa tiene cuatro años la 4T desde que llegó, y no ha caminado prácticamente nada al respecto, al no existir ningún proyecto en ningún municipio.
Lo mismo pasa con los sistemas de agua, tanto para producir agua potable como para tratar las aguas negras, sistemas que se hicieron hace ya más de 20 años, los más recientes, después de la epidemia del cólera que invadió a Sinaloa en los años noventa, y que hoy están rebasados prácticamente en las grandes ciudades como Los Mochis, Culiacán y Mazatlán, que sus sistemas de agua han bajado de calidad, y el tratamiento de aguas negras completamente rebasado en la construcción de nuevas plantas de tratamiento de aguas negras, descargando buena parte de ellas sin tratar, en esteros y bahías que les han provocado un daño muy severo, quizá irreversible en algunos lugares, como el caso de la bahía de Santa María, a la que recurrentemente COEPRIS suspende la producción de sus moluscos en los mercados locales, por la altísima contaminación.
Y qué decir del transporte público, donde por los conflictos políticos entre el gobierno de Jesús Estrada Ferreiro y Rubén Rocha, el proyecto del metrobus en Culiacán está cancelado, cuando pretendía movilizar a 300 mil pasajeros diarios cuando hubiese concluido sus cuatro etapas de construcción. Algo tan vital como dotar de mayor movilidad al ciudadano, economizar los gastos de los más pobres y abrir espacios de movilidad más seguros para otros medios, simplemente se canceló lo que parecía la obra insignia de Estrada Ferreiro y de Sinaloa por lo pronto, no se pudo, los pleitos entre los de la 4T se impusieron y se fueron a la basura los 1500 millones de pesos comprometidos por BANOBRAS, los 750 millones del ayuntamiento de Culiacán y los 750 millones del gobierno del Estado.
Para finalizar esta entrega, resulta triste que lo que hicieron los gobiernos del PRI, después del gobierno de Francisco Labastida, quien tuvo la visión de crear el Instituto de la Vivienda en Sinaloa, un instrumento estratégico del gobierno para el desarrollo de las comunidades y ciudades en materia de vivienda, urbanización y la creación de espacios comunes, después de organizar y construir varias colonias en Los Mochis, Culiacán y Mazatlán, a partir del gobierno de Renato Vega se le redujo y detuvo su impulso, al grado que fue el sector privado, incluido el de INFONAVIT, ocupó esos espacios, creándose grandes constructoras de vivienda, que por su sentido comercial poco a poco minaron a INVIES, hasta que Quirino Ordaz le dio “el tiro de gracia”, convirtiéndolo en una oficina promotora de vivienda que prácticamente no hace nada, con la grave consecuencia de que ningún municipio tiene hoy en día reservas territoriales para ampliar sus fundos legales y no pueden asentar a nuevos habitantes que requieren vivienda.
En el gobierno de MALOVA existió la intención de adquirir 600 hectáreas para ampliar los fundos legales de los municipios, que lamentablemente fracasó.
Hoy en día, tenemos un déficit, por abajo del que atiende INFONAVIT, de 150 mil familias pobres que requieren lotes, viviendas, servicios públicos, ampliaciones y reparaciones de vivienda que nadie atiende hoy en día, simplemente porque carecen de la visión de la riqueza que tiene la pobreza.
Así como el gobernador Rocha y su secretario de obras públicas han considerado la “obra social” como prioritaria, también les afecta estas fallas sobre vivienda. Mañana le seguimos.
