Culiacán, Sinaloa.- Por instrucciones de un juez federal, Lucila Ayala de Moreschi fue restituida como magistrada propietaria de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, esta mañana al momento de haberle entregado la oficina del ex magistrado Héctor Torres Ulloa.
En un evento de puro trámite, en el que la recibió el presidente del órgano, Jesús Iván Chávez Rangel, este le dio la bienvenida y destacó que con se cumplió con una ejecutoría de amparo.
En entrevista, Chávez Rangel, y quien se dijo que su cargo no estuvo en juego, aseveró que junto con esta reinstalación, en los «hechos» el Ejecutivo es quien deberá de cumplir también con el pago de las prestaciones reclamadas y ganadas por la quejosa.
Informó que Torres Ulloa, quien tiene metida una solicitud de aclaración ante el Tribunal Colegiado se presentó el viernes como último día.
«Su servidor no tiene porque convencer a Torres Ulloa (de que se fuera), el Tribunal COLEGIADO de Circuito tomó una decisión, lo estableció en su EJECUTORÍA, el Congreso inició la ejecución y hay DOCUMENTOS en todo el proceso Legislativo que dejan mucha claridad sobre que el nombramiento Que debe dejarse sin efecto es el de Héctor Torres» aseveró.
A la pregunta insistente de los periodistas, Chávez Rangel negó que la ejecutoría también declare nulidad de su cargo, tras haber sido elegido dentro de una misma terna enviada por el Poder Ejecutivo en 2017, procedimiento que fue invalidado con el mismo juicio de amparo de la quejosa.
Lucila Ayala de Moreschi, quien fue acompañada por su esposo, vociferó fuertes declaraciones contra el gobernador Quirino Ordaz Coppel, a quien acusó de responsable, junto con Gonzalo Gomez Flores de haber actuado en su contra en 2017 para que no fuera ratificada, violentado sus derechos.
La ahora magistrada de Sala Superior, aseguró no haber tenido tiempo para sacar el cálculo de la cantidad monetaria que le toca por el pago de sus salarios y prestaciones no devengadas durante dos años cuatro meses.
Ante la presencia y presión de los medios de comunicación, Chávez Rangel evidenció no tener previsto en el acto hacerle entrega de las oficinas a su ahora compañera, por lo que no tuvo más que mandar a quitar el seguro para dejarla pasar.
Ya adentro la abogada se sentó y se dijo agradecida con la autoridad judicial federal, quien la restituyó.
