El senador por Sinaloa Heriberto Manuel Galindo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), planeó en 2011 un frustrado negocio con el que preveía cobrar 127 millones de euros a través de Andorra, un país europeo blindado entonces por el secreto bancario.
El congresista fue socio de una firma uruguaya que firmó un acuerdo para asesorar en la ejecución de una planta eléctrica de la compañía pública Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) durante el último tramo del mandato del expresidente Hugo Chávez (1999-2013).
Galindo no ocupaba ningún cargo público cuando planeó el negocio, pero era secretario adjunto a la presidencia del CEN del PRI, el órgano que toma las decisiones del partido tricolor. Antes de su desembarco en el Senado, el mandatario fue diputado federal (2012-2015), embajador en Cuba (2000-2001) y cónsul general de México en Chicago (1998-2000), entre otros puestos de una trayectoria dedicada a lo público que arranca en 1973.
A través de su sociedad uruguaya Mindaris, el político suscribió en 2011 un acuerdo de “prestación de servicios” con la fundación venezolana Terra Nova para cobrar de la petrolera estatal venezolana.
La Banca Privada d’Andorra (BPA), la institución financiera donde Galindo y su socio planearon ingresar 127 millones de PDVSA, se desmarcó de sus “clientes” en junio de 2011 después de que la entidad no recibiera la documentación requerida sobre la misteriosa operación con PDVSA. “Los clientes no se han presentado y la operación no se acaba de concretar, por tanto, la desestimamos”, zanjó el banco en un acta confidencial.
A pesar de que Galindo niega haber tenido una cuenta en la BPA, admite que fue accionista en un porcentaje que “no recuerda” de la firma uruguaya Mindaris. Su socio en esta empresa, sostiene, “fue un amigo mexicano que falleció… Mindaris se creó, pero no desarrolló ningún proyecto. No puse ni un dólar. Ignoro si mi socio hizo gestiones con la BPA. No conozco el negocio del que me habla con PDVSA. Nunca estuve en Venezuela ni en Uruguay”, asegura el congresista.
