A poco menos de un año de haberse posicionado en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR) el anestesiólogo Gustavo Darwin “A” fue sentenciado luego de haberse declarado penalmente responsable de delitos contra la salud, en su modalidad de posesión de morfina, efedrina, fentanilo y delta-9-tetrahidrocannabinol (THC) con fines de suministro.
Según las investigaciones y las declaraciones del médico, en 2023 pidió un cargamento de ampolletas de fentanilo a una farmacia de Guadalajara, Jalisco.
El paquete llegó al Puerto de Pichilingue, Baja California Sur y, posteriormente, fue entregado en la casa de Gustavo, en la colonia El Tezal de Cabo San Lucas.
Derivado de una orden de cateo, las autoridades federales inspeccionaron el domicilio y encontraron 27 ampolletas con fentanilo, una con morfina, tres con efedrina y un frasco con THC.
En un principio, Gustavo “A” dijo que contaba con un permiso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que avalaba la transacción, pero la FGR confirmó que no contaba con autorización para la posesión o resguardo de los medicamentos.
En este sentido, el Reglamento de Insumos para la Salud y la Ley General de Salud sostiene que el hecho de que exista autorización para su prescripción no significa que el autorizado pueda poseer estos fármacos.
Aunado a ello, la investigación permitió conocer que Gustavo Darwin ya había intentado tramitar su autorización para prescribir medicamentos que requieren recetario especial, como el fentanilo, lo cual fue rechazado por las autoridades sanitarias debido a que no se ha registrado desabasto del opioide en el estado.
Por otro lado, personal del hospital para el que el anestesiólogo dijo trabajar explicó que medicamentos como el fentanilo, al momento de ser solicitados, se proporcionan por el mismo hospital a través de una farmacia intrahospitalaria, lo que desvirtuaría el argumento para almacenarlos en un domicilio particular.
Durante una audiencia de procedimiento abreviado, Gustavo “A” aceptó su responsabilidad penal en el delito mencionado y, de forma inicial, el juez dictó una sentencia condenatoria de cuatro años de prisión.
Sin embargo, debido a que se declaró penalmente responsable, el juzgador le otorgó beneficios para que, en lugar de ir a la cárcel, cumpla su sentencia a través de jornadas de trabajo comunitario y del pago de una multa económica.
