París, Francia.- El Presidente de Francia, Emmanuel Macron ha anunciado este lunes que ha ordenado aumentar en 100 euros al mes el salario mínimo, actualmente de 1.185 euros netos mensuales, a partir del año que viene y que las horas extra estén libres de impuestos ni cargas.
También ha adelantado su intención de alentar a las empresas a que paguen a sus empleados una prima excepcional de fin de año, igualmente exonerada de impuestos. Las medidas responden a un intento de reconquistar a los franceses. El trabajo será largo. Las cuatro semanas de protestas de los chalecos amarillos han evidenciado la distancia entre el presidente y los ciudadanos. Los desperfectos son demasiado aparatosos para arreglarlos con un discurso. Después de días de parálisis, Macron se ha dirigido a la nación en un discurso inusualmente breve —13 minutos— pero cargado de medidas para aplacar la cólera ciudadana.
“Queremos una Francia donde se pueda vivir dignamente del trabajo. Y le pido al Gobierno y al Parlamento que hagan lo necesario para ello”, dijo Macron en un discurso retransmitido por numerosas cadenas francesas. El presidente francés comenzó condenando la violencia de las últimas manifestaciones que, advirtió, no lleva a ninguna parte: “Cuando la violencia se desencadena, la libertad cesa”, subrayó.
Desafíos
El objetivo es doble. Primero, presentar medidas que respondan a la demanda de menos impuestos y más poder adquisitivo. Segundo, reparar el vínculo emocional. ¿Cómo? Con algún tipo de mea culpa por la arrogancia que ha marcado su primer año y medio en el Elíseo.
Macron romperá así más de una semana de silencio sobre la crisis más grave de su presidencia. Días en los que se ha visto desbordado por una protesta que no entendía.
Los chalecos amarillos —una revuelta sin líderes ni estructura que tiene por emblema la prenda fluorescente que deben llevar todos los conductores en sus automóviles— comenzaron a movilizarse a mediados de noviembre. Se oponían al encarecimiento del carburante. La protesta se amplió a la reivindicación de un aumento del mermado poder adquisitivo. Acompañada de manifestaciones que el sábado pasado degeneraron en violencia por tercer fin de semana consecutivo, ha ampliado el programa hasta exigir la dimisión del presidente de la República.
La incógnita es si los anuncios de la noche de este lunes bastarán. Desde que empezaron los bloqueos y las concentraciones de chalecos amarillos, el Gobierno francés siempre ha dado la impresión de ir un paso por detrás de los acontecimientos.
Entre las iniciativas filtradas a la prensa, se incluyen rebajas de impuestos que ya estaban previstas, como la supresión de la tasa de residencia para el 80% de la población. En vez de escalonarse en tres años, podía aplicarse de golpe. Lo mismo ocurre con la eliminación de las contribuciones sociales para las horas suplementarias, medida que aumentaría los salarios. Prevista para septiembre de 2019, podría adelantarse a enero.
La limitación del aumento de las pensiones de jubilación o la negociación de una prima para los franceses que se desplazan en automóvil para trabajar son otras opciones. O también una bajada del impuesto sobre la renta para las clases medias y del IVA para los productos de primera necesidad.
La idea, explica el diario económico Les Échos, es potenciar la llamada política de la oferta, ya iniciada bajo la presidencia del socialista François Hollande. Se trata de poner más dinero en manos de los contribuyentes. Hasta ahora la política de la oferta estaba centrada en las empresas y las personas con mayor patrimonio e ingresos, lo que le valió al centrista Macron el mote de presidente de los ricos. Ahora debería recalibrarse y centrarse en la clase trabajadora. Un giro social muy esperado por su electorado de centroizquierda, pero nunca concretado.
Los chalecos amarillos reclaman al mismo tiempo una rebaja de impuestos y una mejora de los servicios públicos. Francia es el país de la OCDE donde los ingresos fiscales representan una parte mayor del PIB, un 46%. El gasto estatal representa en Francia un 56% del PIB, uno de los más elevados de la UE. El coste de las medidas puede oscilar entre los 12.000 y los 15.000 millones de euros, según algunos cálculos.
La crisis ha revelado la tensión entre Macron y su primer ministro, Édouard Philippe. Macron le atribuye decisiones que alimentaron el descontento en la Francia de provincias, núcleo de la revuelta, como la reducción de la velocidad máxima en carretera a 80 kilómetros por hora. En Francia, el primer ministro es el fusible del presidente: la pieza de la que prescindir para sacarse la presión.
