Unión Europea advierte «estallidos de violencia» el día de las elecciones en México

"La sociedad mexicana sigue sumida en altos niveles de violencia por los cárteles de la droga", dice el informe

Bruselas, Bélgica.– En un documento interno la Unión Europea calificó de “populista” el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual goza de una amplia aceptación del electorado pese a las promesas de campaña aún “en curso”.

Dirigida a las empresas contratistas europeas que compiten para llevar a los cuatro expertos observadores de las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio, una ficha técnica de 16 páginas –a la que tuvo acceso este medio– explica en su sección de “Contexto” que Morena “domina el panorama político” y se enfrenta “a una oposición fragmentada” que, sin embargo, “ha sido capaz de forjar un frente unido en apoyo de un candidato presidencial común”.

Usando un adjetivo que la diplomacia europea no expresa en textos públicos, refiriéndose al actual gobierno morenista, el escrito enviado por el Servicio de Instrumentos de Política Exterior de la Comisión Europea –institución que actúa a nombre de los 27 Estados del bloque– señala que, pese a “la promesa de hacer frente a la corrupción y que la pobreza sigue siendo en gran medida un trabajo en curso, la agenda populista de López Obrador goza de un apoyo significativo entre la población mexicana”.

Entre muchos otros líderes europeos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, han alertado en numerosas ocasiones sobre el daño que causan los “partidos populistas” de derecha e izquierda a las democracias.

El 10 de marzo de 2022 una resolución urgente del Parlamento Europeo, que no apoyaron las bancadas minoritarias de extrema derecha y extrema izquierda, condenó a López Obrador por “el uso frecuente de una retórica populista –en sus mañaneras– para denigrar e intimidar a periodistas independientes, propietarios de medios de comunicación y activistas”; en respuesta, el mandatario mexicano tildó a los eurodiputados de “borregos” y “reaccionarios”.

El documento interno de la Comisión Europea expone que “la sociedad mexicana sigue sumida en altos niveles de violencia, alimentados en gran medida por las actividades y la rivalidad entre los cárteles de la droga y las organizaciones delictivas”.

Estos altos niveles de violencia, considera, “son doblemente relevantes para las elecciones, ya que no se pueden descartar estallidos de violencia durante la campaña que puedan afectar al proceso electoral, mientras que la credibilidad de los candidatos a la hora de comprometerse a atajar la violencia y restablecer la seguridad será probablemente un factor importante en el comportamiento de los votantes”.La próxima misión
El 16 de noviembre último el jefe adjunto de la División para México y Centroamérica del Servicio Europeo de Acción Exterior, Duccio Bandini, informó a los eurodiputados de la delegación para México que la Unión Europea enviará a las votaciones mexicanas, por invitación de las autoridades, una Misión de Expertos Electorales (MEE).

En las presidenciales de 1994, 2000 y 2006 la Unión Europea envió Misiones de Observación Electoral, cada una conformada por unos 80 observadores encabezados por un miembro del Parlamento Europeo con autorización para manifestarse públicamente.

En la contienda de 2012 la Unión Europea optó por mandar una misión con el mínimo de dos expertos, mientras que en 2018, por falta de recursos, no participó como observador.

De acuerdo con el referido documento técnico de la Comisión Europea, la MEE que cubrirá las elecciones del 2 de junio próximo contará con cuatro integrantes: un experto “político” que será también el jefe de equipo, un experto en materia legal y de derechos humanos, un experto en sistema electoral y financiamiento de campaña y un experto en medios de comunicación y redes sociales.

El mismo documento, fechado el 1 de marzo último, advierte en el texto –subrayado– que “los expertos no están facultados a hacer comentarios públicos sobre el proceso electoral ni dar entrevistas a medios”. Además, tampoco podrán identificarse ante las autoridades mexicanas o cualquier otra contraparte como “representantes oficiales de la Unión Europea”, sino como “contratistas independientes”.

Entre los numerosos aspectos a evaluar por los expertos europeos está la situación general de la política y los derechos humanos, incluida la posibilidad de violencia electoral, el respeto de las libertades fundamentales necesarias para la celebración de elecciones democráticas, el contexto legislativo que rige el proceso electoral, incluidas las reclamaciones y los recursos, la campaña electoral y su financiación o posibles problemas de la votación, el recuento, la tabulación y la transmisión de resultados.

Examinarán igualmente la composición, estructura, actuación, imparcialidad y preparación de la administración electoral, incluido el grado de confianza que goza entre los principales políticos y los ciudadanos; también la cobertura de las elecciones en los medios de comunicación tradicionales y sociales, la participación de la sociedad civil y las mujeres en el proceso electoral, así como de las minorías étnicas y religiosas, las poblaciones rurales y los analfabetos y de los grupos desfavorecidos.

El documento explica que los expertos europeos estarán en México del 4 de mayo al 15 de junio próximos y deberán producir diversos informes.

Antes del día de las elecciones presentarán dos “reportes preliminares” al Servicio Europeo de Acción Exterior y al Servicio de Instrumentos de Política Exterior, y una nota rápida –de evaluación– al término de la elección o al día siguiente a más tardar. Se prevé también la elaboración de un “reporte interno” y de un “reporte final” el cual, si no se decide lo contrario, compartirá la Unión Europea con las autoridades electorales y el gobierno mexicano. El reporte final contendrá un sumario ejecutivo y las recomendaciones para mejorar futuros procesos electorales en México.

La ficha técnica previene que todos los reportes deberán indicar que la misión electoral está financiada por la Unión Europea, pero que “las opiniones expresadas por los expertos no reflejan más que las de ellos y no necesariamente representan las posiciones oficiales de la Unión Europea”.

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