Ciudad de México.- El SAT dio aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre personas, tanto físicas como morales, relacionadas con esquemas de operaciones de las llamadas empresas factureras, de esas que emiten facturas de operaciones inexistentes.
La autoridad fiscal informó que estos esquemas de facturación falsa se realizaron durante los ejercicios fiscales del 2017, del 2018 y del 2019 en diversos estados de la República e involucran a 977 contribuyentes.
Con estos esquemas, indicó el SAT, se facturaron 339,000 millones de pesos; no obstante, no dio información sobre cuál fue el monto defraudado.
El Servicio de Administración Tributaria informó que los contribuyentes fueron detectados porque emitieron comprobantes que amparan operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados, es decir, comprobantes fiscales apócrifos.
Quienes las venden se les conoce como facturadoras y usualmente son empresas que no cuentan con activos, personal, infraestructura o son localizables. Éstas reciben una comisión por cada factura que venden.
Quienes obtienen estas facturas falsas lo hacen para bajar el monto de impuestos que deben pagar al fisco, o bien obtener saldos a favor, lo cual genera una pérdida importante en los ingresos tributarios que obtiene el gobierno.
“El SAT recuerda a los ciudadanos que el uso indebido de esquemas de simulación como la facturación falsa y la inexistencia de operaciones, a fin de evadir sus obligaciones fiscales, son prácticas que desembocan en conductas irregulares que conllevan a una consecuencia legal que puede derivar incluso en tipología penal”, advirtió el SAT.
Ya dieron primer golpe.
En una revisión en el primer año de gobierno, en total, revisaron y suspendieron a 150 empresas, creadas en el 2017, que facturaron 282,000 millones de pesos en un periodo de dos años, por lo que la posible evasión de ese monto facturado ascendería a 62,000 millones de pesos.
El año pasado se aprobó la reforma fiscal penal contra factureras, en donde este delito se agravó a delincuencia organizada —cuando las facturas sumen un total de 7.8 millones de pesos—, mientras que los involucrados tendrán prisión preventiva oficiosa y las penas pueden ir de dos a nueve años de prisión.
