Algún día, la mayoría de personas incrédulas que tienen la idea de que es una acción indebida de parte de los defensores de derechos humanos el exigir la necesidad y la obligación legal de ser respetuosos de los derechos humanos de las personas que han sido acusadas de cometer algún delito. Muchas oportunidades hemos tenido y somos claros en nuestros argumentos del porqué debe ser así y por las consecuencias del no cuidar las formalidades relativas al debido proceso y repito porque debe ser así.
Todos los derechos humanos de las victimas están en riesgo latente de ser violados. El derecho al acceso de la justicia a conocer la verdad, a la reparación integral y a la no repetición pueden quedar en el aire y sin respuesta alguna. El caso de la liberación de veinticuatro detenidos relacionados, supuestamente, con el tema de los cuarenta y tres desaparecidos de Ayotzinapa es una oportunidad de volver a comentar el tema.
Han sido muy tajantes y específicos los juzgadores que han determinado que se ordena la libertad por violaciones graves al debido proceso y particularmente que existe evidencia de que se usó la tortura para obtener declaraciones. Nótese otro argumento claro y que es importante resaltarlo, aunque ello pueda crear más polémica e incomprensión, pero es necesario expresarlo, esto es, los jueces en la mayoría de los casos ni siquiera entran a resolver el fondo del asunto, es decir definir si el presunto acusado es en realidad penalmente responsable o no. Es decir, es cuestión de forma y si hay violaciones a las formas difícilmente vamos a conocer el fondo.
Sé que es muy doloroso tanto para las víctimas como para sus familiares recibir y asimilar resoluciones de esta naturaleza, yo mismo la he vivido y he sido testigo de muchos casos trascendentes en los cuales la resolución va en el mismo sentido.
Pero la señal también va para la autoridad, en primer término, porque tenemos compromisos jurídicos internacionales por los cuales se nos obliga a ser respetuosos de los derechos de debido proceso y no abusar el instrumento de la tortura, así como de otros instrumentos como los malos tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes, pero aún a pesar de este esquema nuestras autoridades de investigación, al parecer no conocen o no le dan importancia a estas obligaciones del Estado mexicano pero como en este país, difícilmente se sanciona a aquellas autoridades que cometen acciones de graves consecuencias y se permite la impunidad, ¡pues simplemente, no pasa nada¡
Por lo tanto se seguirán cometiendo en forma cada vez mayúscula y los ríos de victimas de desaparición forzada de feminicidio y de homicidio, sobre todo, en los cuales al menos hay una investigación formal seguirán esperando, junto con sus familiares que aquellos que tienen en sus manos resolver dichos casos no cometan error alguno para que en su momento oportuno un juez, no el investigador, el policía o el fiscal determine que se comprobó que alguien es penalmente responsable de un delito, pues es sólo facultad de los jueces la impartición de justicia.
Es grave lo que está sucediendo, no me cabe la menor duda, pero tenemos que dar pasos agigantados para finalmente tener un país con justicia, tanto para los que enfrentan un proceso penal como de las víctimas. Nos suenan inadmisibles los argumentos de funcionarios de alto nivel que mencionan que los jueces son los culpables de la impunidad cuando ha sido evidente que las carpetas de investigación que se presentan ante un juzgado, en muchos casos, están hechas con las patas y con un cúmulo de violaciones que han sido evidenciados públicamente y que al menos como sociedad nos debe preocupar por si acaso no se preocupa la autoridad.
En este país, todos tenemos un pie en el bote y no quiero que tú estés ahí, pero menos quiero que seas una víctima porque ocuparás, en cualquiera de los casos un sistema de procuración de justicia y un poder judicial confiable.
