Fiscalía de NY presenta cargos penales contra el gobernador Rocha y otros 9 funcionarios

El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York,, y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, anunciaron hoy la apertura de una acusación formal contra varios funcionarios.

Ciudad de México.- Agencias- El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, anunciaron hoy la apertura de una acusación formal contra varios funcionarios de Sinaloa.

Entre ellos aparece el Ruben Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios o exfuncionarios mexicanos.

El Departamento de Justicia los señaló por presuntamente participar en una conspiración de narcotráfico y delitos relacionados con armas en colaboración con el Cártel de Sinaloa.

La acusación incluyó a otros funcionarios como el senador, Enrique Inzunza Cazarez, Enrique Diaz Vega, Damaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Nunez, Gerardo Merida Sanchez, ex secretario de , Jose Antonio Dionisio Hipólito, Exsubdirector de la Policía Estatal, Juan de Dios Gámez Mendivil y Juan Valenzuela Millan, alias El Juanito.

El pliego de cargos detalló que los funcionarios brindaron información sensible sobre operativos militares y policiales, protegieron cargamentos de droga y escoltaron actividades criminales.

En el caso de Juan Valenzuela Millan, director de la Policía Municipal de Culiacán, la fiscalía le imputó cargos adicionales por participar en el secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esta en octubre de 2023.

Otros implicados, como Damaso Castro Zaavedra, vicefiscal general de Sinaloa, presuntamente recibieron pagos mensuales para alertar al cártel sobre investigaciones en su contra. Por su parte, Valenzuela Millan percibió pagos mensuales de 1,600 dólares para poner a la policía municipal al servicio de la organización criminal.

El fiscal Jay Clayton afirmó que el Cártel de Sinaloa no operaría con éxito sin el apoyo de políticos.

El caso fue asignado a la jueza de distrito Katherine Polk Failla.

Los imputados residen actualmente en México y se les presume inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.

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