Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum, reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) informó al gobierno de Estados Unidos que “no hay pruebas suficientes” para sustentar solicitudes de detención con fines de extradición contra 10 mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Durante su conferencia matutina, explicó que la solicitud de detención fue enviada por autoridades estadounidenses a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que a su vez consultó a la FGR sobre la existencia de elementos para proceder.
‘La fiscalía contesta, no hay pruebas, no hay suficientes pruebas y se le dice a Estados Unidos, a través de Relaciones Exteriores’, destacó.
De acuerdo con Sheinbaum, tras esa respuesta la FGR no cerró el caso, sino que abrió una investigación interna para analizar los señalamientos y determinar si existen responsabilidades conforme a la ley mexicana.
El caso se originó a partir de versiones y solicitudes de detención provisional enviadas por Estados Unidos en contra de un grupo de 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos, señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y posibles delitos como tráfico de drogas y lavado de dinero.
Hay que recordar que este miércoles, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con ficha roja de Interpol, tras consultas realizadas a nivel nacional e internacional.
En ese sentido, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó en la conferencia matutina del miércoles, que una ficha roja de Interpol no implica una orden de aprehensión en México y que su ejecución depende de un proceso de verificación entre autoridades nacionales e internacionales.
Respecto al contexto jurídico de la situación de funcionarios de Sinaloa, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, consideró que las solicitudes de Estados Unidos se encuentran previstas en el tratado de extradición entre ambos países y no constituyen injerencia por sí mismas.
Sin embargo, advirtió que la respuesta del gobierno mexicano podría interpretarse como una reacción “muy débil”, al señalar que el manejo del caso parece orientado a “ganar tiempo”.
Con información de Aristegui Noticias
