Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) emitió un posicionamiento oficial que desestima la viabilidad inmediata de las solicitudes de detención debido a graves deficiencias probatorias y procedimentales por parte del país vecino.
A través de Ulises Lara López, Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, el gobierno federal dejó claro que la actuación de México se apegará estrictamente a la legalidad, la soberanía nacional y la presunción de inocencia, destacando los siguientes puntos clave que desmienten la inminencia de cualquier acción penal contra el mandatario estatal
Primero, la FGR subrayó que, de acuerdo con la legislación mexicana y el tratado bilateral de extradición, no basta con emitir una acusación para proceder con una detención.
Fue categórica al precisar que la solicitud enviada por el gobierno estadounidense «no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados».
Afirmó que la Fiscalía de EU evidenció una grave contradicción y falta a los protocolos internacionales por parte de las autoridades estadounidenses. Mientras que la propia solicitud de EE. UU. exigía al Gobierno de México mantener estricta reserva y no divulgar la información —advirtiendo que hacerlo iría en detrimento de los procedimientos penales—, fueron las propias autoridades del país vecino quienes filtraron el caso al dominio público.
La FGR recordó que esto representa una violación directa a la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, la cual mandata que esta documentación debe manejarse con carácter estrictamente confidencial.
La FGR recordó que la figura del gobernador Rocha Moya está protegida por la Constitución. La legislación mexicana establece claramente que, para proceder penalmente contra un mandatario estatal, es requisito indispensable iniciar primero un juicio de procedencia para retirar la inmunidad procesal o fuero. Saltarse este paso representaría una violación al Estado de Derecho.
Informó que la Fiscalía General de la República iniciará una investigación paralela para recabar información propia, pero reiteró que su obligación primordial es proteger los derechos y garantías inalienables de las personas requeridas.
