Culiacán, Sinaloa.- El Congreso del Estado dio primera lectura a dictamen que propone reformas, adiciones y derogaciones a la Constitución Política de Sinaloa en materia del Poder Judicial para armonizarla con la correspondiente reforma al Poder Judicial federal, en las que se contempla la elección de jueces y magistrados, y que atiende los principios democráticos, de inclusión, pluralidad, competencias técnicas, funcionales y otros.
El dictamen fue elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación que preside la diputada Juana Minerva Vázquez González, con base en 11 iniciativas presentadas por distinto actores políticos y partidistas, entre las que resalta una que fue presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya.
La Comisión Dictaminadora afirma que con esta propuesta se atiende el mandato del Poder Reformador federal y, por otro, se nutre con el componente democrático al Poder Judicial local, permitiendo vigorizar la función jurisdiccional y se blinda a las instancias de impartición de justicia de fenómenos como la corrupción, el nepotismo y los privilegios.
Entre los principales aspectos de esta reforma, la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación señala los siguientes:
*Desaparece el Consejo de la Judicatura del Estado para dividir sus funciones en un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial;
*Las Magistradas y Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Disciplina Judicial, así como Juezas y Jueces de Primera Instancia, serán electos mediante el voto directo y secreto de la ciudadanía, conforme a las bases que se establecen en la Constitución local y las leyes en la materia;
*Se modifican los requisitos para las personas que aspiren a ocupar los cargos antes referidos;
*Se establece la obligatoriedad de observar la paridad de género en la conformación de todos los órganos del Poder Judicial del Estado;
*La remuneración que perciban magistrados y jueces por sus servicios no podrá ser mayor a la establecida para la persona titular de la Presidencia de la República en el presupuesto correspondiente, y no podrá ser disminuida durante su encargo; y se desaparecen los fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos existentes del Poder Judicial.
