Quisiéramos que el inicio del proceso penal en contra de Rosario Robles Berlanga, no sea sólo un asunto mediático, de impresión política, que denote un revanchismo y de que alguna u otra manera se busque darle una mejor imagen político-electoral al presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien por otra parte, fríamente, pero con argumentos válidos e incuestionables, jurídicamente hablando, se lava las manos, mencionando que no es un asunto promovido por él y que es una cuestión que depende de un órgano de investigación autónomo como es la Fiscalía General de la República.
Por otra parte ha afirmado que no responde a intereses y decisiones del ejecutivo y por otra parte que en lo que respecta a lo que realizará y decidirá el poder judicial, será decisiones de las cuales también será respetuoso.
Interesante el posicionamiento, pues se trata, en teoría, de un gran paso en el combate a la corrupción, pues el sólo hecho de hablar de una cantidad de cinco mil millones de pesos, resulta algo impresionante y que de estar bien formulada la investigación en el mega fraude conocido públicamente como Estafa Maestra, debería en su etapa procesal oportuna, dictarse sentencia condenatoria.
Pero no olvidemos que está el tema que también importa a los mexicanos, que es el resarcimiento del daño para que una vez rescatada la cantidad que fue parte del daño patrimonial, pueda en un momento dado ser usado en algún programa de carácter social que bien le urge a nuestro país, como en su caso lo fue subasta de la residencia de Zhenli Ye Gon.
Sin embargo, es importante reconocer, cómo en el proceso contra Rosario Robles, el propio Juez les requiere a los Fiscales para que de existir elementos, pueda aperturar una investigación contra el propio presidente Enrique Peña Nieto y en contra del ex secretario José Antonio Meade.
Razonamientos que nos parecen obvios en atención al entorno que se dio todo lo que hoy conocemos de la famosa Estafa Maestra, pues ante una situación de tal envergadura, ambos personajes al menos debían haber tenido conocimiento de dicho operativo que pudieron evitarlo y/o prohibir su ejecución, pues por lo que dice en su defensa la propia Rosario Robles es que, en su momento oportuno le hizo de su conocimiento a sus jefes inmediato de situaciones anómalas e indebidas.
Otra parte interesante son los argumentos que manejan los defensores, pues señalan que las primeras argumentaciones de la acusación inicial por el delito de ejercicio indebido del servicio público no tiene nada que ver con las ultimas argumentaciones de la Fiscalía que señalan que ahora la acción que pretender imputar se refiere a la omisión de Rosario Robles de informar a sus superiores las anomalías de las que tuvo conocimiento.
Finalmente hay que esperar la última decisión judicial, que es en donde generalmente nos llega la decepción. La mayoría de los casos polémicos han terminado en sentencias absolutorias o en terminación de juicios por arreglos patrimoniales, pero yo creo que es un buen intento el caso aperturado a Rosario Robles que es un intento de barrer la escalera de arriba hacia abajo, como lo señala los cánones.
No obstante, en materia de corrupción la escoba debe barrerse de abajo hacia arriba y en cada uno de los escalones, porque de igual manera la corrupción debe de sancionarse igual a aquel que roba millones, que aquel empleado público municipal que roba gasolina de un camión recolector de basura, aunque en la individualización de la sanción deberán considerarse las condiciones personales del responsables. Por lo pronto a poner a barrer la escoba.
