Gobernador advierte que no emitirá juicio de valor por solicitud de desafuero contra Gerardo Vargas

Rubén Rocha insistió que esta solicitud es un asunto que deberá resolverse entre la Fiscalía y el Congreso del Estado.

Culiacán, Sinaloa.- El gobernador Rubén Rocha Moya afirmó que no emitirá opinión sobre la solicitud de declaratoria de procedencia o de desafuero del alcalde de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, promovida por la Fiscalía General del Estado.

“No tengo opinión sobre ese tema, de ese yo no voy a hablar porque no está en mi cancha”, subrayó cuando periodistas le preguntaron su opinión durante la conferencia Semanera de este lunes 28 de abril.

El mandatario estatal insistió que esta solicitud es un asunto que deberá resolverse entre la Fiscalía y el Congreso del Estado.

“(No diré) si está bien o si está mal, no tengo opinión, porque el Ejecutivo no tiene tema aquí, por lo tanto no tengo opinión”, reiteró.

Renta de patrullas.

Cabe recordar que la Fiscalía General del Estado solicitó al Congreso del Estado se emita una declaratoria de procedencia o solicitud de desafuero contra el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros.

Una vez recibida, la Mesa Directiva turnó esta solicitud de desafuero a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y a la Comisión Instructora, donde se analizará para emitir un dictamen.

Los hechos se derivan debido a que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGE abrió una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables por la probable comisión del delito de desempeño irregular de la función pública cometidos en contra del servicio público.

Durante el 2024 el Ayuntamiento de Ahome autorizó el arrendamiento de 126 patrullas por adjudicación directa por un monto de 171 millones 451 mil 932.40 pesos a la empresa Grinleasing, SAPI de CV, situación que fue calificada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en una revisión a la cuenta pública del 2024, es decir durante periodo anterior de Vargas Landeros.

Por el monto y por ley, ésta debió realizarse mediante licitación pública y no por adjudicación directa.

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