El jueves 10 de julio, un juez federal impidió que el gobierno de Donald Trump aplicara una orden ejecutiva controversial que ponía fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, tras certificar una demanda como acción colectiva.
Joseph Laplante, juez del Tribunal de Distrito para el Distrito de New Hampshire, dijo que su decisión se aplicaba en todo Estados Unidos a los bebés que hubieran estado sujetos a la orden ejecutiva, que incluía a los hijos de padres indocumentados y a los nacidos de académicos en el país con visados de estudiante, a partir del 20 de febrero.
Cabe mencionar que el gobierno de Trump ha luchado para eliminar la antigua ley, establecida en la Constitución.
Esta dice que las personas nacidas en Estados Unidos son automáticamente ciudadanas, independientemente de la situación migratoria de sus padres.
La orden del juez federal reaviva un enfrentamiento legal que está en marcha desde el inicio del segundo mandato del presidente Trump.
El juez, nombrado por el entonces presidente George W. Bush, emitió una orden escrita formalizando la sentencia el jueves por la mañana y suspendió su orden por siete días, dando tiempo a una apelación.
Hay que descatar que la demanda fue interpuesta por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
Esta se promovió horas después de que la Corte Suprema dictara el mes pasado una sentencia que limitaba la capacidad de los jueces de los tribunales inferiores para emitir órdenes judiciales a nivel nacional.
Las demandas colectivas, que implican a una población de personas en situación similar, se consideraron la solución para esta medida.
La decisión de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento no abordó la controversia central en torno a la constitucionalidad de la acción ejecutiva de Trump, pero allanó el camino para que la mayoría de los estados empezaran a aplicarla.
La demanda de la ACLU había propuesto que todos los niños y niñas nacidas en Estados Unidos después del 20 de febrero y sus padres, constituyeran un grupo en la demanda colectiva. Advertía de que, según los términos de la orden de Trump, las personas nacidas de padres en el país de forma ilegal corrían el riesgo de convertirse en “apátridas”.
(Con información de www.nytimes.com)
