Culiacán, Sinaloa.- El juez de control y enjuiciamiento, Adán Alberto Salazar Gastélum, resolvió vincular a proceso al rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Jesús Madueña Molina, al ex rector Juan Eulogio Guerra Liera y a los integrantes del Comité de Adquisiciones por la compra de 45.5 millones de tortillas y otros derivados en el periodo 2020 y 2022.
La defensa de los universitarios condenó que todos los argumentos que fueron esgrimidos por ellos para efectos de buscar la posibilidad de que se dictaminada un auto de no vinculación, no fueron tomados en consideración por el juez.
En la audiencia que se desarrolló desde las 9:19 de la mañana del 13 de septiembre hasta las 23:54 horas del jueves 14 de septiembre, contando con diversos recesos, los abogados de la defensa indicaron que no asiste la razón a la Fiscalía, respecto a que los recursos utilizados para la adquisición de tortillas, totopos, tostadas, tortillas de harina, nixtamal, entre otros, fueron hechos con recurso del estado.
Asimismo, precisaron que los recursos de los cuales se les imputa son de procedencia federal y que, aún y cuando estos entren a las arcas del Gobierno del Estado y sean entregados a la institución, no pierdan su origen de procedencia, por lo tanto, es competencia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizarlos.
La defensa dijo que la Fiscalía reconoció que los recursos que le fueron otorgados a la UAS, no eran recursos propios generados por el Gobierno del Estado, sino que los que le fueron entregados son recursos de participación federal, igualmente admitió que no existe daño al patrimonio de la Universidad ni al erario público.
Además la defensa expuso que las compras realizadas están muy por debajo del umbral establecido por la Ley por lo que no se requiere licitación pública para la adquisición.
La defensa acusó durante el proceso también que la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Sinaloa (UIPES) actuó fuera del marco legal, pues carece de facultades y no tiene atribuciones para hacer investigación.
Igualmente, los abogados defensores con sustento en datos de prueba, aclararon que la universidad nunca compró a $60 pesos el kilo de tortillas y que el costo en que este producto perecedero se adquirió a un costo inferior a lo que estaba en el mercado, además de que de las 1 mil 501 facturas presentadas, 700 de ella fueron canceladas por el proveedor de nombre Sergio Cháidez Monárrez.
“Se le dieron todos los argumentos al juez, se le plantearon con la Ley con los elementos probatorios, se los dimos, se los hicimos ver no por mí, por todos los abogados que estuvimos ahí puntualmente, la salida del juez ante el hecho de que decía la Fiscalía que no se había licitado esos productos perecederos y que son alimentos se demostró que el artículo 51 de la Ley de Arrendamiento y Adquisiciones del Estado de Sinaloa tiene una excepción para esos supuestos cuando se trate de alimentos o productos perecederos no hay necesidad de licitar, sin embargo, el juez dijo que de momento había elementos para vincular”.
Medidas cautelares a imputados.
Entre las medidas cautelares fijadas por el juez está que los universitarios vinculados a proceso deberán de acudir cada mes y medio a firmar ante la unidad de medidas cautelares de la sede judicial, así como que no podrán salir del país a menos que haya un aviso previo justificado.
Pelearán en instancias federales.
Los abogados manifestaron que la lucha no ha concluido y que será en los tribunales federales donde se les dará la razón.
En este proceso el abogado Ayala Vega, presentó un incidente de incompetencia por declinatoria a ramo federal, a lo cual previo al cierre de la audiencia el juez determinó que este será atendido en audiencia el 25 de septiembre a las 9:00 horas.
