Ha anunciado el gobierno estatal, a través del secretario de desarrollo social, que cuentan ya con los 30 millones de pesos para enfrentar el problema de los desplazados por violencia en los municipios serranos, particularmente los regiones de concordia, cósala, Badiraguato, Sinaloa y Choix, después de diez años que inicio la guerra del narcotráfico y que hoy tiene variables distintas a la de entonces.
La migración de la sierra a la costa tiene ya casi cien años, desde que la caza, recolección de frutas y agricultura de temporal, se volvieron cada vez más insuficiente para la creciente población que empezó a desplazarse hacia la costa, primero pegado a las vías férreas del ferrocarril y después a la carretera internacional, que se juntó con la apertura de tierras a la agricultura y sobre todo al riego.
Casi toda la población de los valles viene de la sierra sinaloense y solo hasta después en la segunda mitad del siglo XX se pobló con migrantes otras latitudes del país, como los campesinos michoacanos del Rosario, Navolato y Angostura. Incluso, muchos sinaloenses son pobladores iniciales de regiones del sur de Sonora y Baja California.
El desplazamiento de los habitantes de la sierra sinaloense es histórico, pero esto no empieza ni termina con la guerra del narcotráfico, ni con la violencia ni con la inseguridad, pero todos son ingredientes que lo han matizado en el desarrollo natural de Sinaloa.
La etapa más cruenta quizá fue la de la operación “condor” en 1976, cuando invadió el ejército mexicano “el triángulo dorado” y provoco la huida de miles de barracas y pueblos en la sierra que provocaron que Guamúchil creciera exponencialmente con más de diez colonias en cuatro años.
En 2011, luego del triunfo de MALOVA, empezaron los desplazados en la sierra, fenómeno que duró hasta el 2013 y que no atendió el gobierno “de todos”, como decía su slogan, como no fuera tan solo con unas despensas y chácharas y decir que “algo” se hacia por esos sinaloenses.
No se atendió entonces ni se ha atendido hasta ahora y quién sabe que pretenden hacer con los 30 millones que tiene en sus manos el gobierno de Sinaloa. Quizá ocurra lo que ha pasado siempre que en Los Mochis, Guamúchil, Culiacán y Mazatlán se compren algunas reservas territoriales, se repartan lotes y luego pasen años peleando por alguna vivienda.
El problema del desplazado necesita medidas pertinentes “in situ”, al pie de la sierra, en la cabecera de Choix, Sinaloa, Badiraguato, Cosalá y Concordia, con medidas temporales de albergue y con medidas de salidas definitivas.
Los albergues son hogares comunitarios y deben ser en la cabecera para garantizar, salud, educación y seguridad. La reserva territorial también porque son las zonas más cercanas a su lugar de origen y donde más fácil se puede encontrar soluciones definitivas.
Construir un albergue en cada municipio serrano con diez habitaciones con patios y sanitarios comunes, un módulo de control y medidas mínimas de seguridad, no cuesta más de diez millones de pesos.
Comprar 4 hectáreas, además en cada cabecera municipal, tampoco es costoso y hasta les sobra para construir infraestructuras básicas, si quieren, pueden.
