Después de que el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, calificara el caso del exdirigente de Baja California, Ernesto Ruffo Appel como un «preso político», la Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado aclaratorio respecto al caso.
La FGR precisó que existen 96 datos de prueba que forman parte de la carpeta de investigación relacionados al exgobernador panista. En la conferencia de prensa presidencial, la jefa de Estado, Claudia Sheinbaum habría rechazado también las declaraciones de Romero Herrera.
La FGR calificó de una de las redes más grandes de contrabando de hidrocarburos realizada a través de vías férreas, implicando un perjuicio a la hacienda pública de al menos 4 mil millones de pesos tras encontrarse 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila. Además de encontrarse otros ferrotanques en San Luis Potosí y Nuevo Laredo con las mismas características irregulares.
Tras investigaciones pertinentes se dio a conocer que solamente se habría declarado el 10% de lo que realmente contenían, y que no eran casos aislados sino que se trataba de una operación logísitca de mayor dimensión que atravesaba varias entidades federativas.
«El análisis de pedimentos, facturas, cartas porte, información ferroviaria y documentación corporativa permitió identificar a la importadora principal, una sociedad constituida en agosto de 2018 en la Ciudad de México. Inicialmente, la empresa fue constituida por José «N» y dos personas morales», señala el comunicado.
De acuerdo a la información oficial, tras dos meses de haberse constituido Ernesto inició su participación en la estructura societaria, a través de su incorporación al capital variable de la empresa. Posteriormente, en en 2021 figura como accionista, designado Secretario del Consejo de Administración junto a José ‘N’ en la conducción, representación legal y toma de decisiones estratégicas de la sociedad.
Paralelamente, la empresa amplió su objeto social incluyendo almacenamiento, importación, exportación, transporte y manejo de hidrocaburos, así como la operación de terminales ferroviarias y servicios auxiliares vinculados al sector energético. Como resultado de estas indagatorias se constituyeron los 96 datos de prueba mencionados.
«La investigación evolucionó del hallazgo de ferrotanques aparentemente abandonados y potencialmente peligrosos, hasta la identificación de una estructura empresarial con capacidad de importación de hidrocarburos, operación ferroviaria especializada y una red logística de alcance interestatal. Esta evolución demuestra que los resultados obtenidos fueron producto de una investigación progresiva, técnica y de largo aliento, sustentada en trabajo de campo, análisis pericial, inteligencia financiera, revisión documental y coordinación interinstitucional», señala la FGR.
De acuerdo a la Constitución, el delito de delincuencia organizada implica prisión preventiva oficiosa, derivando en el arresto de Ernesto, mientras se investiga su probable participación.
Inicialmente, se habría imputado un perjuicio fiscal de más de 100 millones de pesos derivado del contrabando realizado mediante 170 ferrotanques asegurados en julio de 2025; sin embargo, tras un cruce de información entre la Agencia Nacional de Aduanas y el Servicio de Administración Tributaria se logró establecer la reiteración de más de cuatro mil operaciones irregulares durante el primer semestre de ese año, lo que podría ascender a más de cuatro mil millones de pesos de daño patrimonial a la nación.
