Ciudad de México.- Entre 2014 y 2018, periodo durante el cual fue grabado en videos mientras recibía sobres con dinero en efectivo para apoyar al “movimiento”, Pío Lorenzo López Obrador, hermano de Andrés Manuel López Obrador y entonces consejero estatal de Morena en Chiapas, presentó una sola declaración anual de impuestos, en la cual se declaró “en ceros”, es decir, que “no obtuvo recursos que manifestar” ante la autoridad hacendaria.
Este dato, planteado por la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) en el acuerdo de 247 cuartillas con el que determinó la falta de pruebas para incriminar al hermano de López Obrador, está reforzado por el hecho de que “esa declaración es la única que existe en la base de datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que significa que no obtuvo ingresos superiores a los 400 mil pesos en los ejercicios subsecuentes”.
En 2015, año en que recibió los sobres de dinero de David León Romero, entonces “consultor” y allegado del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, Pío López Obrador tenía cinco cuentas bancarias a su nombre.
De acuerdo a una investigación de la revista Proceso, de éstas, cuatro no reportaron movimientos bancarios y una, en Santander, no tuvo estados de cuenta, según determinó el INE con base en información que le envió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Es decir, en estos años el hermano del ex presidente López Obrador no reportó ni ingresos ni movimientos bancarios.
En 2020 fue exhibido por el medio Latinus en los videos que lo mostraban en reuniones con David León, hablando del dinero que estaba recibiendo.
Y no sólo esto. Cuestionado por el INE en 2020 sobre el contenido del video, el hermano de Andrés Manuel López Obrador negó todo en bloque.
Aseveró, entre otras cosas, que “no recibí dinero del C. David Eduardo León Romero para apoyar al partido Morena”, y en varias ocasiones sostuvo que “no entregué recurso alguno al partido Morena”.
Respecto a la “biblia”, una libreta a la que se hace referencia en los videos, en la cual se anotan las supuestas aportaciones, López Obrador dijo que “ese artículo era una posesión mía hace muchos años, pero lo extravié”, razón por la cual –dijo–, no podía entregársela al INE.
En una entrevista con el medio Expansión Política, Pío López Obrador reconoció que sí recibió los recursos y que los entregó a Morena, por lo que el INE le pidió “esclarecer” sus declaraciones mediante un requerimiento.
El político optó por el silencio: “Se negó a responder la solicitud de información formulada, alegando en su defensa (…) su derecho a la no autoincriminación, sin dejar de referir que su silencio no podrá ser utilizado –por esta autoridad– como un indicio de responsabilidad”.
Tras el escándalo de los videos, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación, mientras que el PAN y el PRD presentaron denuncias ante el INE por el supuesto financiamiento ilícito de Morena.
Cabe mencionar que la FGR dio carpetazo al caso, bajo el pretexto de que los videos habían sido alterados “como resultado de un proceso de postproducción”, y que no era posible “determinar la fuente de origen, las fechas así como los lugares donde se realizaron las grabaciones”, por lo que determinó el no ejercicio de la acción penal.
El INE continuó su investigación y enfrentó varios obstáculos. Tuvo, por ejemplo, que batallar en tribunales hasta acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para obligar a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FEPADE) –entonces a cargo de José Agustín Ortiz Pinchetti– a entregarle una copia de su carpeta de investigación.
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por su parte, se negó en varias ocasiones a entregar al INE documentos relativos a la demanda que Pío López Obrador presentó contra Carlos Loret Mola por exhibir los videos en su programa de Latinus.
(Con información de Proceso)
