Ciudad de México.- El gobierno federal pretende quitar de sitios públicos el nombre de los perpetradores de la represión en el periodo 1960-1980 y revisará ocho mil cajas con expedientes integrados por la extinta policía política.
“No puede ser que tengamos en Puerto Vallarta un aeropuerto (con el nombre de) Gustavo Díaz Ordaz, o el de otras personas que cometieron actos criminales contra mexicanos”, señaló Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.
Durante la presentación del plan Verdad y memoria histórica del pasado reciente, Encinas manifestó que hoy se da el primer paso para esclarecer los hechos de periodos oscuros del país. Hay que insistir en que el 2 de octubre no se olvida y que esta fecha no es de nostalgia ni de amargura, sino de reivindicación de ideales.
Alejandra Cartagena López subió a presídium para recibir los expedientes contra su madre Leticia Galarza, desaparecida desde 1978, y de su padre David Jiménez Sarmiento, muerto en un enfrentamiento en 1976, ambos militantes de la Liga 23 de Septiembre.
A Consuelo Solís Morales, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México le entregó el expediente de su colega el profesor Genaro Vázquez Rojas, muerto en 1972, egresado de la escuela normal de Ayotzinapa y líder de luchas democráticas en Guerrero entre 1950 y 60.
En cuanto al programa Verdad y memoria, se anunció que realizarán más intervenciones en pro de los ciudadanos en lugares donde se cometieron atrocidades de abusos de poder, como el Campo Militar número 1; se ajustarán las efemérides y se incluirá en la currícula de educación básica y media el respeto a los derechos humanos.
