De acuerdo a la reforma que regula el outsourcing y prohíbe la subcontratación de personal que no sea para servicios y obras especializadas, establece fuertes sanciones a las empresas que violen esa nueva norma e insistan en esquemas de simulación que lesionan derechos de trabajadores y evaden impuestos, incluso se les fincarán responsabilidades por defraudación fiscal y sus equiparables, delito recientemente calificado de grave, que amerita prisión preventiva oficiosa.
En el proyecto de dictamen que se discutirá el martes en comisiones de la Cámara de Diputados, se establece que aquellas empresas que tienen a sus trabajadores en outsourcing, tendrán un plazo de tres meses, después de la entrada en vigor de la ley, con el objetivo de regularizarse.
Asimismo, se destaca que los empresarios que incurran en estas sanciones, se les considerará defraudadores fiscales, ya que “generará mayor certeza jurídica” sobre las consecuencias de insistir en la subcontratación ilegal, esto de acuerdo a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Ayudará a identificar a los beneficiarios finales de los esquemas de subcontratación, pues las conductas que se llevan a cabo a través de una persona moral, normalmente son en beneficio de un tercero, esto es, el patrón, incluyendo accionistas, administradores y las personas que tengan control efectivo de la empresa”, agregó.
Estos, “retienen y no enteran el impuesto sobre la renta (ISR) y acreditan el impuesto al valor agregado (IVA) de manera indebida, en adición a que disminuyen los derechos laborales de sus trabajadores”.
En la exposición de motivos, los integrantes de las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público, resaltan que se han vuelto práctica común actividades delictivas a través de la figura de subcontratación, lo que ocasiona una disminución extraordinaria en la recaudación de recursos en el país”.
