En un hecho histórico para la defensa de los derechos humanos, las Comisiones Unidas del Congreso del Estado de Sinaloa aprobaron por unanimidad este martes 14 de abril el dictamen que expide la Ley de Protección a Migrantes del Estado de Sinaloa, una normativa que busca frenar la exclusión y discriminación de las personas en contexto de movilidad.
La ley, que ahora pasa al pleno del Congreso para su votación final, contempla la creación de una Oficina de Atención a Migrantes dependiente de la Secretaría General de Gobierno, así como la elaboración de un padrón estatal de personas con estatus migratorio diverso, con el objetivo de conocer sus necesidades y diseñar políticas públicas específicas.
Definiciones claras y derechos garantizados
La iniciativa define varias figuras clave: deportados (sinaloenses que regresan de otros países o entidades), residentes temporales (con permiso para vivir y trabajar o estudiar por un tiempo determinado), residentes permanentes (autorización indefinida), visitantes con permiso y visitantes sin permiso. Esta precisión legal permitirá aplicar la ley sin ambigüedades.
Entre los derechos reconocidos a todas las personas migrantes, sin importar su situación, destacan:
- Trato digno, justo y humano.
- No ser objeto de exclusión o discriminación por su origen o estatus.
- Asistencia jurídica gratuita en procesos administrativos o judiciales.
- Acceso igualitario a servicios educativos en todos los niveles.
- Atención médica en instituciones públicas.
- Procuración e impartición de justicia en igualdad de condiciones.
- Trabajo en condiciones laborales conforme a la ley.
Apoyo directo a sinaloenses deportados
Uno de los puntos más llamativos de la ley es el que establece que cuando una persona sinaloense sea deportada de otro país, el gobierno estatal le apoyará con el costo total o un porcentaje de su traslado a su población de origen. Esta medida busca aliviar la carga económica que representa el regreso forzado y facilitar la reintegración familiar y comunitaria.
Oficina de Atención y promoción de asociaciones
La ley obliga al Ejecutivo estatal a crear una Oficina de Atención a Migrantes, cuyo titular será designado directamente por el gobernador o gobernadora. Además, el gobierno estatal y los municipios deberán promover la formación de asociaciones, clubes y organizaciones de migrantes para fortalecer su red de apoyo y representación.
El dictamen fue respaldado por unanimidad por las y los integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, Asuntos Migratorios, y Derechos Humanos. Se espera que en los próximos días sea turnado al pleno del Congreso para su aprobación final.
